Vox tiene que rematar la jugada y pedir ampliación de fianza para los golpistas. 4,7 millones de euros fueron desviados para la celebración del 1-O

A la espera de la reunión que mantendrán mañana el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra -espera que el catalán ha preferido hacer en bañador junto a su amigo Arturo Mas-, reunión en la que se les terminará por dar todo lo que necesitan para plantear una independencia en toda regla en unos cuantos meses, hemos sabido la cuantía a la que asciende el dinero robado, alzado o sustraído por el del mocho para auspiciar el procés: 4,7 millones de euros de todos los españoles. Dinero destinado a romper España y pagado por los propios españoles. Ante la información uno se pregunta si el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tendría que estar ya entre rejas con el resto de golpistas. Éste es el que garantizó que ni un euro del erario público se había desviado para financiar la fiesta independentista. Éste, el mismo que ha estrangulado hasta la muerte a empresarios, autónomos y asalariados españoles.

En efecto, la Generalitat de Cataluña habría desviado más de 4,7 millones de euros de dinero público para la organización del proceso independentista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre, según los informes con los que cuenta el instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que probarían la malversación de fondos públicos.

Así lo revelan los numerosos análisis encargados por el magistrado, que arrojarían, por tanto, cifras muy superiores a los 2,1 millones de euros que Llarena impuso de fianza en calidad de responsabilidad civil a los 14 exmiembros del Govern procesados en esta causa para cubrir la indemnización fijada en una eventual condena.

El juez decidió fijar esa fianza porque el auto de procesamiento se dictó el pasado 21 de marzo, pero la investigación no ha cesado, ya que aún no se ha cerrado la instrucción. Por tanto, si alguna de las acusaciones -Fiscalía o Vox- reclama que se incremente esa cantidad atendiendo a los últimos informes, Llarena podría acordarlo.

Desde que se abrió la causa, los investigadores de la Guardia Civil han ido presentando informes al instructor con el fin de acreditar los delitos por los que han sido procesados 14 exmiembros del Govern de Carles Puigdemont, los integrantes de la antigua Mesa del Parlament y otros diputados catalanes: rebelión, malversación y desobediencia.

Si bien las primeras pruebas entregadas al juez se centraron más en la “violencia” que, para los investigadores, rodeó determinados episodios del proceso independentista, así como la desobediencia mostrada al tomar decisiones en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, en las últimas semanas Llarena ha tenido acceso a informes que podrían acreditar la malversación de fondos públicos.

2 Comentarios

  1. La fiscalía tiene obligación de hacerlo, por imperativo legal.
    Cuestión distinta es que, obedeciendo órdenes superiores, pues la fiscalía actúa como la guardia civil, no lo haga…, en cuyo caso LA INTERVENCIÓN DE VOX SERÍA IMPRESCINDIBLE.
    Y no se porqué, pero me barrunto que la fiscalía NO VA A HACER NADA, salvo cobrar puntualmente a final de mes.

  2. Es curioso porque si escuchas la radio o lees los periódicos, solo se habla de Torra y Sánchez, Sánchez y Torra. De lo que está haciendo el PNV nadie habla: están pidiendo representación propia y «permanente» para “Euskadi” en la UE, y el PSOE se deja querer… Están pasando cosas más graves con el PNV que con la burguesía catalana

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