Un informe pericial avalado por Llarena reafirma la malversación en el 1-O

Un úlitmo informe sobre los locales del 1-O demuestran más si cabe la malversación existente en el referendum.  Sólo el estimado del valor de la utilización de los centros de votación, rondaría el millón de  euros.
 

El Tribunal Supremo ha recibido el informe sobre el cargo de malversación de fondos públicos en el que se enjuiciaba a Puigdemont y los exmiembros de su gobierno, con ese informe queda más clara y se sustenta del todo la acusación en relación a la imputación sobre si la Generalidad habría asumido o no el coste del 1-O de manera efectiva.

 La tesis de las defensas es que esos pagos, incluso si en algún momento estuvieron comprometidos, nunca llegaron a materializarse.

Esto ha sido sostenido  por el propio Puigdemont ante el Tribunal regional de Schleswig-Holstein, que ha llegado a afirmar que “no está claro” si realmente se habían realizado cargos al presupuesto catalán y “si la mera asunción de los compromisos financieros  sería punible con arreglo a la legislación española sin pagos reales”. Llarena se ha esforzado en solventar las dudas de los jueces alemanes afirmando la existencia de desembolsos que la investigación revela efectivamente realizados, como los correspondientes al pago de observadores internacionales o el registro de catalanes en el extranjero.

El informe ha sido elaborado por el jefe del área de valoración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), una empresa estatal perteneciente a la Dirección General de Patrimonio del Estado. Ha habido un segundo perito, el director del área de análisis y fondos de inversión inmobiliaria de Ibertasa, una sociedad de tasación a la que Segipsa ha pedido colaboración “por su independencia, experiencia y posicionamiento en el sector de la valoración inmobiliaria”.

De acuerdo con el informe, el “valor de uso global (alquiler teórico) de los 2.259 locales asciende a 900.906,70 euros/día“.

Hay que tener en cuenta que  el Código Penal tras la reforma de 2015, establece que la malversación tiene una modalidad agravada -que se castiga con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años- si el valor del perjuicio causado al patrimonio público supera los 50.000 euros.