Sedición y rebelión. ¿Ha pasado esto en Cataluña?

Vamos a traer a El Muro los artículos del Código Penal que recogen los delitos de sedición y de rebelión y a dar nuestra opinión sobre si tales delitos se han cometido o no por parte de los independentistas catalanes. Vamos a empezar por el delito de rebelión, dado que si ésta se ha producido, los hechos ya no podrán ser considerados como sedición.

El art.  472 del Códio Penal señala que ” son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: derogar o suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Sustraer cualquier calase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.”

¿Ha habido rebelión? En nuestra opinión, sí. Parace claro que ha habido un alzamiento público destinado a derogar completamente la Constitución en Cataluña, a declarar la independencia de Cataluña y en el que los Mozos de Escuadra han sido sustraidos del control del Gobierno. Todo esto es tan evidente que sólo queda una duda: ¿el alzamiento ha sido violento?

Si por violencia sólo puede entenderse el uso de fuego armado para la consecución de los fines descritos, esa es la única violencia que no se ha producido. En todo el proceso ha habido multiud de actos violentos teledirigidos desde la dirección independentista del proceso. Muy concretamente se puede hablar de  la resistencia a la entrada de la Policía en los Colegios Electorales el 1 de Octubre, todos los actos de violencia física e intimidatoria en las Huelgas Generales de carácter político producidas y la constante presencia de un cuerpo armado de más que dudosa lealtad constitucional.

De desestimarse la existencia del delito de rebelión, el delito de sedición parece tan evidente que nos limitamos a reproducir el texto del artículo del C. P. que lo recoge: art.544  “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen publica y tumultuariamente,  para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales,  la aplicación de las leyes,  o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario publico, el  legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.”