Llarena: los cojones y la determinación de acorralar la ruptura de España en Europa

El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa por el ‘procés’ hacia la independencia ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, encargado de decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont, en el que plantea la opción de que lo entregue por un delito de sedición.

Como hiciera en el auto dictado el miércoles en el que confirmó el procesamiento de todos los implicados en el «procés», el magistrado plantea la posibilidad de que lo ocurrido en los días previos y posteriores al referéndum del 1-O y ese mismo día se interprete como sedición.

Por ello, pide a los magistrados alemanes que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos más allá de su calificación jurídica. Es decir, que analicen si un intento de romper la Constitución, aunque fuera sin violencia, no sería delito en Alemania; si un intento de segregación de un land no sería delictivo.

La diferencia entre ambos delitos radica en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un alzamiento «tumultuario». El magistrado, pese a defender que hubo violencia «conscientemente asumida y buscada», admite la posibilidad de que la Fiscalía acuse por sedición (que contempla condenas de hasta quince años de cárcel).

Además, el juez ha decidido dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia o y otra con los siete huidos. Lo ha hecho tras constatar que la diferencia de ritmos podría dilatar el proceso e impedir su objetivo de que los hechos se juzguen este mismo año.

Llarena abre una pieza separada dedicada al expresidente Carles Puigdemont y los otros seis huidos de la justicia española con el fin de evitar retrasos en el juicio y no tener así que esperar las decisiones sobre las euroórdenes cursadas y las extradiciones. De esta forma, en esta pieza separada serán juzgados Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, los exconsellers Lluis Puig, Clara Ponsati, Meritxell Serret y Toni Comin, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

Puigdemont, Puig, Ponsati y Comin están procesados por rebelión y malversación; Rovira, por rebelión; y Serret y Gabriel, por desobediencia.