La Policía Nacional y la Guardia Civil no tragan más con las trampas del PP en lo que respecta a la equiparación salarial

Parece que la negociación entre Gobierno pepero,  por un lado,  y la Guardia Civil y la Policía Nacional,  por otro,  han, al menos de momento, reventado. La propuesta que el Ministerio del Interior ponía finalmente sobre la mesa estaba muy lejos  de lo hablado y aún más lejos de la equiparación salarial reclamada. Las negociaciones están, ahora mismo, parece que rotas.

Mientras se le está dando vueltas a la inexistente brecha salarial entre hombres y mujeres,  por poner un ejemplo  las  policías o las guardias civiles ganan lo mismo que los policías y los guardias civiles, hay una brecha salarial de la que no se habla y que es real como la vida misma. No es que los cuerpos  policiales autonómicos cobren más que los cuerpos  policiales estatales. Es que  los funcionarios autonómicos, en general, en cargos equivalentes a  los estatales  cobran más. Brecha salarial real e injusta de la que nadie habla y que está ahí.

¿Por qué los funcionarios autonómicos cobran más? Simplemente  para comprar voluntades y lealtades por parte de las autonomías. ¿Qué supone eso? Un gasto mayor del necesario en todas las autonomías y unos sueldos más reducidos de lo que sería posible, sin autonomías, en los funcionarios del Estado.

La primera conclusión es que las autonomías cuestan tal cantidad de dinero superfluo que es imposible atender el gasto razonable, incluido el de los sueldos justos de los funcionarios del Estado. Se comenta que la equiparación salarial en los cuerpos policiales se complica por el miedo del Gobierno a que detrás de los funcionarios de las FSE vengan todos los demás funcionarios pidiendo esa equiparación. La conclusión final es que sólo prescindiendo del tinglado autonómico es posible dotar a los funcionarios españoles de sueldos decentes y evitar  desigualdades en función de los sueldos que cada autonomía decida colocar a sus empleados públicos. La verdad es que resulta incomprensible que no haya una escala nacional salarial y punto.