La independencia… no era tan simbólica

El dogal que les aprieta el gaznate (siempre en lenguaje figurado), cada vez se encuentra más ceñido, los miembros del «Govern» imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación a raíz de la declaración unilaterla de independencia de Cataluña, decían para justificarse que era un acto simbólico, nada serio, aunque poco a poco se van quedando con el culo al aire; a medida que la investigación avanza… de simbólico no tenía nada.

Como ejemplo tenemos el caso de Meritxell Serret, una de las que huyó con Puigdemont a Bélgica ejerciendo de palmera. A la misma le han sido intervenidas dos cartas dirigidas a la Unión Europea, en las que se arroga el cargo de «Ministra de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación del Gobierno de Catalunya.

Las comunicaciones fueron fechadas el día 27 de Octubre, fecha en la que proclamaron la independencia e iban dirigidas al comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, y al de Agricultura y Desarrollo Local, Phil Hogan.
Sin simbolismo alguno, se informa de facto que «el Parlamento de Catalunya, atendiendo el mandato expresado por los ciudadanos catalanes, ha proclamado la independencia de Catalunya y su constitución como república».

Es decir, el tema era tan real, que Serret se presentaba como Ministra de la República Catalana ante Europa. Obviamente también deberían tener ya configurado un gobierno, porque ella sola, no iba a nombrarse ministra.

También detalla a través de correos, documentos intervenidos, declaraciones públicas e intervenciones telefónicas, la participación que tuvieron otros altos cargos de la Generalitad o los vicepresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural que no están siendo investigados, al menos todavía, por el Supremo.

En el caso de los ‘exconsellers’ Toni Comín, Clara Ponsatí y Dolors Bassa resalta que quisieron «asumir toda la responsabilidad al quitar a los funcionarios» la que les pudiera corresponder «sobre los puntos de votación» que dependían de ellos para poder realizar el referéndum.

Además de haber asumido competencias obviando a los funcionarios encargados, habían destinado partidas económicas dependientes de varias consejerías, para cubrir una parte del gasto de los 979.661 euros que la Generalitat pagó a Unipost para la fabricación de papeletas y otro material impreso necesario para el 1-O.
También se abonaron 224.835 euros para la campaña de registro de catalanes en el exterior, que, según el acuerdo alcanzado, serviría para la creación de un censo para los residentes de fuera de España, y 277.804 más para la publicidad del referéndum, que autorizó el departamento de Presidència.
Algunos de los imputados a poco que la Justicia, sea justa, tienen poco escape en cuanto a algunos o todos los hechos que se les imputan.
Existen también correos cruzados entre Turull y Junqueras en los que el primero presiona para obtener una partida extraordinaria de 3.430.000 euros para una campaña de contenido cívico. Vicepresidencia autorizó el gasto y salió el concurso, pero quedó desierto. El pago de 119.700 euros por el Diplocat al The Hague Center for Strategic Studies para el envío de observadores también consta en el documento.

Aquellos observadores que nos vendieron como muy neutrales, como muy profesionales… previo pago de su importe.