La Guardia Civil reúne en 800 páginas las comunicaciones de la Policía autonómica que demuestran cómo permitieron el referéndum ilegal.

Los Mossos d’Esquadra estaban más preocupados en descubrir la estrategia de la Policía y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1-O que en cumplir el mandato judicial que les obligaba a impedirlo. Esa es la conclusión de un extenso informe de más de 800 páginas elaborado por la Guardia Civil que ya está en manos del juez Pablo Llarena.

El documento, que analiza las conversaciones de todos los operativos de la Policía autonómica que salieron a la calle durante el referéndum, dibuja una irregularidad tras otra. Hubo seguimiento de coches encubiertos de Policía y Guardia Civil, transmisión de información falsa, pacto con varios alcaldes para permitir el voto con normalidad e incautación de urnas cuando ya estaba hecho el recuento. Para mayor burla, se anunció el decomiso de una urna que era, en realidad, la rifa de gigantes y cabezudos del pueblo.

Si con todo lo anterior ya era motivo más que suficiente para su disolución, al añadir estas pruebas, parece más que evidente la imputación penal de mandos y mossos. Aquí no hay Obediencia Debida que valga, ni desconocimiento de leyes que eximan de su cumplimiento. Un grupo armado, copartícipe de la delincuencia organizada, no puede seguir operando como presunto cuerpo policial cuando son públicas, notorias y conocidas sus acciones delictivas.