La Generalidad da motivos, una vez más, para suspender la autonomía por traidora y desleal

Hace dos días lo decíamos a raíz de la negativa de Interior de conceder escolta a Carlos Puigdemont por el doble motivo de haber dejado de ser cago público y por encontrarse fugado de la justicia, algo que no dejaba de tener su guasa. Advertíamos de que una Generalidad traidora a los intereses de España siempre sería favorable a poner escolta al esperpento de político fantasma que vaga por Europa mendigando la atención mediática y autoproclamándose «president» de una república inexistente. Dicho y hecho. Por cosas como esta, se debería suspender inmediatamente la autonomía catalana. La noticia es de EFE.

Un informe jurídico de la Generalitat avala que el expresident Carles Puigdemont disponga de un servicio de escolta en el extranjero, al considerar que la legislación vigente no pone ningún impedimento para ello.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat, de cuatro páginas y al que ha tenido acceso Efe, llega después de que el Ministerio del Interior haya rechazado dotar a Puigdemont -ahora en Bélgica- de los servicios de escolta que había requerido, argumentando que no ostenta ya ninguna autoridad del Estado y se encuentra además huido de la Justicia, por lo que el policía que le escoltara estaría obligado a detenerle.

En el apartado de conclusiones, el informe de la Generalitat señala que los expresidentes de la Generalitat «tiene reconocido el derecho a disfrutar de los servicios de seguridad necesarios para sus funciones», con la «única excepción» de que el propio expresidente renuncie a ello o el Parlament se lo revoque por mayoría cualificada.

Además, indica el texto, los expresidentes pueden disfrutar de los derechos que tienen reconocidos por ley «en territorio catalán o fuera de él», ya que «no existe limitación al respecto», por lo que «pueden decidir establecer su residencia en el exterior sin que esto conlleve que pierdan» estos servicios.

El hecho de que los servicios de seguridad se presten en el exterior, según los juristas del Govern, «no es contrario al principio de territorialidad de las competencias de la Generalitat previsto en el Estatut», ya que «la actividad de los expresidentes no incide en ningún ámbito material de las competencias» de la administración catalana.

Los expresidentes «no tienen la consideración de cargo público», de manera que sus actuaciones son de carácter «personal», insiste el documento, que hace notar que «el servicio de seguridad lo facilita el Govern», pero los escoltas «están al servicio exclusivo del expresident».

«Considerando que los agentes de policía que presten los servicios de seguridad del expresident no realizan funciones de seguridad pública vinculadas a ninguna actuación de carácter público ni institucional, esta no puede ser denegada por el hecho de que el expresident no tenga un carácter público», argumenta.

Según el informe, el departamento de Interior de la Generalitat, «atendiendo a argumentos estrictamente técnicos y policiales», ve «necesario este servicio de protección de la seguridad» de Puigdemont, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación «debe limitarse a solicitar al país receptor la autorización para el desplazamiento de agentes» de los Mossos d’Esquadra, «sin entrar en otras consideraciones jurídicas o de oportunidad».