Informe Jurídico sobre la actuación de los Mossos d´Esquadra durante el proceso hacia la independencia

Este es el título que lleva un informe fechado a 1 de Enero de 2017 , que había encargado la Asociación de Municipios por la independencia (AMI), y que ha sido interceptado por la Guardia Civil y entregado en el Supremo. En él se analizaban las consecuencias de todo tipo, incluso penales, que podrían tener en ese cuerpo policial por su participación en el proceso independentista.

El texto, recogido por Europa Press, lleva la fecha de 1 de enero del 2017 y se titula ‘Informe jurídico sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra durante el proceso hacia la independencia y posibles incidencias jurídicas’. Esa es una de las evidencias por las que se imputa a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

En este informe se analizan de manera pormenorizada  los posibles delitos en los que pueden incurrir los agentes si  incumplen las leyes existentes. Incluida la constitución obligación que viene recogida en la ley de la policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, donde dice que existe la obligación de «cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente» y, según el artículo 444 de la ley orgánica del Poder Judicial, dependen funcionalmente de los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal, en el ejercicio y el cumplimiento de las funciones que les encomienden».

En estos artículos existe la obligación clarísima de cumplir la Constitución dependiendo  funcionalmente de los jueces y fiscales.  Por ello, la AMI propone en el informe, que antes del lío, el «Parlament»  suprima esta dependencia funcional mediante una normativa concreta o la propia ley de transitoriedad jurídica, también propone modificar el sometimiento a la constitución de la ley de Policía de la Generalidad y además pide que esta falta de dependencia se haga extensiva a funcionarios, empleados públicos y autoridades.

En el documento,  recogido por Europa Press, se argumenta: «Está claro que si no se suprime esta dependencia funcional, o se modula por lo que hace al ámbito de actuación, en aplicación de los principios antes expuestos, será difícil asegurar que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra (y también las policías locales) actúen asegurando el correcto funcionamiento del referéndum, ya que deben seguir las órdenes e instrucciones que reciban de jueces, tribunales y ministerio fiscal, que serán precisamente de impedir la celebración».   OJO, esto es casi una confesión.  De hecho tanto querían curarse en salud, que tenían un miedo tremendo a que se pudiese aplicar la ley de seguridad nacional, recogemos literalmente:

«Está claro que el proceso de independencia como el que se está siguiendo en Catalunya vulnera claramente algunos principios constitucionales, sobre todo los Títulos Preliminar y el Título VIII, referente a la organización territorial del Estado. La convocatoria del referéndum y la misma ley de transitoriedad, tiene las carácterísticas de dimensión, urgencia y transversalidad que requiere la declaración de situación de interés para la seguridad nacional».

No contaban, evidentemente, quienes hicieron ese informe con el acomplejado proceder del Gobierno de nuestra Nación, incapaz de dar una respuesta contundente  a los hechos ocurridos; por lo que resulta un auténtico paripé, que se asusten por la aplicación de un 155 tibio y cobarde, cuando el mismo procés, y sus asesores, estaban esperando una intervención mucho más dura de cara a la Seguridad Nacional, que llevaría de no vetarse la dependencia de la policía autonómica, que parte de los agentes de Mossos deberían formar parte de los recursos humanos adscritos al sistema de Seguridad Nacional .

Llegan incluso a hacer un análisis de todos los delitos de los que se podría acusar a los Mossos que participen en el proceso de independencia:  La prevaricación, Abandono del deber, Omisión del deber de perseguir delitos, Desobediencia y Denegación de auxilio, Rebelión y Sedición. De los que sólo se podrían librar si hubiese leyes catalanas que los amparasen.

Se hace un racionamiento jurídico exhaustivo, por el que se puede ver que desde luego podrían actuar de cualquier modo, menos por desconocimiento, queriendo jugar y conseguir la existencia de resoluciones incompatibles o contradictorias con las que reciban los agentes de sus superiores, con las que crear una autentica confusión que provoque dudas de cumplimiento razonables. No contaban con que los jueces pueden ver uso de la fuerza, en la mera amenaza o en hechos concretos como los que hemos visto cuando acorralaron a Guardias Civiles y comisión Judicial, destrozando sus vehículos.

En cualquier caso y  para evitar cualquier interpretación que no sea conveniente insisten una y otra vez en que el Parlament debería suprimir la obligación de acatar la Constitución. En ese caos, la policía podría escurrir el bulto de su responsabilidad, por no saber a que mandato debían prestar obediencia.

¡Que vergüenza! y todavía van de presos políticos, son putas plañideras, no entendemos cómo no crean una prisión sólo para ellos y meten en ella a todos estos que cometieron un delito de Lesa Patria, con todas las tramas incluidas, la jurídica, la de los medios de comunicación, la policial, la vinculación desde el exterior, (a través de Diplocat), la informática, la del agitamiento de masas, la del apoyo de famosos y deportistas, la de los piratas informáticos, etc, etc, etc. Una auténtica guerra, acorde con los medios que tenemos en el siglo XXI, mucho más sibilina y … desde luego mucho más cobarde.

1 Comentario

  1. AMI, lo que más me preocupa, entre otras cosas específicas. Cómo hemos ido pagando SUTILMENTE y DIRECTAMENTE todos los catalanes el procés y cuánto han robado de las arcas.
    Pero como NADIE ha hecho nada en 4-5-6 años, ahora quieren arreglar cosas con INVESTIGACIONES y etc. Las mentiras no casan.

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