Felipe VI, Pedro Sánchez, Ana Pastor, Quim Torra… no os pagamos para pensar

Los tres primeros son el número uno, dos y tres, respectivamente, de los funcionarios a sueldo del Estado; el cuarto es uno de los diecisiete funcionarios que mantenemos para gestionar una comunidad autónoma. Una más. Ni más importante, ni más grande, ni más bonita que otras. Ni Felipe VI puede decidir que pasa del tema, dejar jugar para que ver en qué para la cosa o mirar para otro lado mientras espera que el presidente del Gobierno solucione la papeleta, ni Pedro Sánchez puede decidir poner en marcha un modelo territorial federal con el ensayo obligado de Cataluña, ni Ana Pastor, como presidenta del Congreso, puede abrir la Cámara Baja al diálogo con golpistas, ni, mucho menos, el sucesor del golpista Puigdemont puede exigir nada sin renunciar primero a sus reuniones de paletos con Puigdemont en el campo francés o a persistir en la matraca de los ‘presos políticos’.

Son funcionarios a los que pagamos para que hagan su trabajo, no para que piensen una España por la que no han sido contratados. Sus trabajos están claramente recogidos en esa Constitución del 78 que parece servir solo para socavar la decrépita salud de España. El Rey  tiene que mantener la unidad de todas las tierras de España; el presidente del Gobierno, gestionar los recursos para engrandecer la patria en el periodo en el que le es asignada la tarea; la presidente del Congreso debe repartir el juego parlamentario, dando ocasión a que los leales se expresen y hagan leyes justas que beneficien a todos en cualquier rincón dela nación. A Torra se le paga por gestionar Cataluña, no por sacarla de mapa.

Son cuatro empleados de los miles de empleados que mantenemos en este país. No les pagamos para que piensen. De izquierdas o de derechas, España es España y no se piensa: se ama y se defiende. Y el funcionario que no lo sienta así, sobra, desde el último alguacil de la Generalidad al Rey de España.