España es un estado de derecho. Por lo tanto, con los separatistas, no hay que aplicar la ley y hay que hacer política

Este es otro de los mantras de lo políticamente correcto. El problema en Cataluña se soluciona  haciendo política. Lo de aplicar o no la ley,  o aplicarla de aquella manera,  es lo de menos. Por hacer política entienden ceder. En este caso concreto acordar con los independentistas una reforma constitucional en la que cuele un referéndum pactado y vinculante. Y en la misma frase repetirán ventiseis veces que lo importante  es que España sea un estado de derecho.

En algo tienen razón. Hay que hacer política en Cataluña. Y en Baleares, y en Valencia, y en Vascongadas, y en Navarra.  Y, por supuesto, hay que aplicar el estado de derecho y,   si dentro del arbitrio judicial hay un amplio margen de actuación, la gravedad de los hechos obliga, en este caso, a una aplicación rigurosa y dura, hasta donde admita la ley, del estado de derecho.

Y por supuesto que hay que hacer política. Una política que no hará  la izquierda, a la que la palabra España  le produce sarpullidos, ni la derecha pepera, a la que la palabra España le suena a lugar del que robar pasta. Una política que consista, efectivamente, en muy profundas reformas legales: fuera las autonomías, español oblogatorio en toda España en la educación y en instancias oficiales, idiomas regionales de aprendizaje libre y voluntario, competencias de educación, sanidad y seguridad como exclusivas del Estado y una presencia firme de España en los medios de comunicación subvnencionando lo que haga falta para que se cuente la verdad de la historia de España. Esa es la política que hay que hacer. Y antes, el estado de derecho,  con toda su dureza,  contra el secesionismo.