El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión del ex-presidente catalán, Carlos Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y 13 delincuentes independentistas más,  investigados por el referéndum del 1-O. El Tribunal considera «bastante razonable» calificar los hechos como delito de rebelión porque existió «un alzamiento» con un uso «torticero» del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.

Se suspenden de manera inmediata las funciones de todos aquellos procesados que son diputados y se encuentran en prisión preventiva.  Eso incluirá a Puigmamón y sus mariachis, dado que si no están en prisión, es porque son fugitivos de la justicia. También se ha procesado por rebelión a Carmen Forcadell, Jorge Cuixart, Marta Rovira, Joaquin Forn, dolores Bassa y Clara Ponsatí.

Tambien se confirman los procesamientos de cinco miembros del gobierno, y los que había por malversación.

La Sala considera que hay indicios racionales de malversación porque hubo «un sistema de engaño» que ocultaba la destinación de cantidades a otros fines relacionados con el referéndum. Además, el Supremo rechaza la persecución política alegada por los recurrentes y reitera que en este caso se persigue a los que han asaltado la ley por la vía de los hechos.

 La Sala reitera la constatación «de actos de violencia» encaminados a la consecución del referéndum, un hecho indispensable para declarar, posteriormente, la independencia. 

Además, el auto alega que los procesados planearon una movilización policial y «el enfrentamiento físico» con la policía española y la Guardia Civil para «obligar al Estado a claudicar y aceptar la declaración de la independencia».

El auto también justifica los motivos por los cuales se ha podido procesar a los 13 investigados por el delito de rebelión sin la necesidad de utilizar armas. Según la sala, la rebelión exige violencia, es decir «alzamiento público y violento», y que, por lo tanto, con la intención ya es suficiente para imputar el delito mencionado.

Por todo ello, la Sala considera que los hechos encajan en el delito de rebelión o en defecto de alguno de ellos, de sedición, aunque el bien jurídico protegido en ambos delitos es distinto. El primero está incluido entre los delitos contra la Constitución y el segundo lo está entre los delitos contra el orden público, de manera que las finalidades de la acción de alzamiento público contempladas en la rebelión no son precisas en el delito de sedición.

Descartada también la indefensión, el Supremo ha concluido que desde «la óptica del auto de procesamiento» exige indicios racionales de carácter provisional, en los hechos investigados «se organizaron un sistema de engaño que ocultaba, «bajo la apariencia de partidas presupuestarias correctamente ejecutadas», el destino de cantidades a otros hasta relacionados con la malversación del referéndum, cosa que es suficiente para considerar «la existencia de los indicios racionales de criminalidad que exige el procesamiento».

A ver ahora que dicen los alemanes.

En lo que se refiere a los delitos de desobediencia, algunos de los recurrentes habían alegado que se acogieron al Reglamento del Parlamento y que su actuación está protegida por la inviolabilidad parlamentaria.

La Sala recuerda que los actos de desobediencia por los que han resultado procesados los miembros del Parlament no son hechos aislados respecto de una concreta resolución, sino que, al menos desde noviembre del 2015, las resoluciones del Tribunal Constitucional, que fueron oportunamente notificadas a los obligados por ellas, fueron sistemáticamente ignoradas, y por ello incumplidas, por los procesados, que actuaban como integrantes del gobierno o de la mesa del Parlamento de la Comunidad Autónoma”.