El nuevo proyecto de ley de memoria histórica sigue el modelo marxista para silenciar a la disidencia. Por Juan E. Pflüger.

El pasado 22 de enero el Boletín Oficial de las Cortes publicaba un proyecto de Ley que pretende modificar la Ley de Memoria Histórica promulgada por el nefasto José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.  Aquella ley era nefasta, porque pretendía imponer por decreto una verdad histórica que se alejaba de la realidad de los hechos que acontecieron en España durante la Guerra Civil y el franquismo.

Borrar los vestigios del franquismo y sacar los cuerpos de las fosas, decían que era la intención de aquel texto. Pero lo que verdaderamente han hecho, que era la intención –el espíritu- de aquello, ha sido borrar cualquier mención de los cuarenta años del Gobierno del general Franco a la vez que se ocultaban los crímenes que la izquierda cometió desde los comienzos de la república.

Se trataba de dar una visión solamente mala del franquismo, para poder exaltar una república que tan sólo quince días después de instaurarse ya estaba alentando la quema de Iglesias, el asesinato de de religiosos y la ocupación de propiedades privadas.

Una república que se instauró solamente para un sector de la sociedad: la izquierda. Y que se negaba a permitir gobernar a quien ganaba unas elecciones por el mero hecho de no ser de izquierdas, como ocurrió en octubre de 1934. Aquello fue un golpe de Estado que causó centenares de muertos, muchos fruto de la represión marxista. Es como lo que ocurre ahora, que tenemos un sistema al que llaman democracia en el que quienes ganan unas elecciones no pueden gobernar como consecuencia de la estrecha unión de la izquierda y los separatistas.

Pero si todo español con el mínimo conocimiento de la historia de su patria tenía motivos para criticar aquella memoria histórica impuesta por ZP, la que nos viene ahora con la reforma propuesta por el PSOE es mucho más preocupante.

En ella, no solamente se pretende hacer tabla rasa de casi medio siglo de nuestra historia. Su objetivo es criminalizar la “disidencia”. La nueva ley propone sanciones penales para todo aquel que disienta de la “verdad histórica” que impone esa ley. Me explico. Toda aquella persona que se niega a aceptar que el franquismo fuera intrínsecamente perverso, será condenado.

Es decir, toda persona que no critique esa etapa de nuestra historia estará fuera de la ley. Lo mismo que ocurría en la Rusia soviética o en cualquiera de los países del telón de acero. El marxismo estableció una realidad oficial de la que no se podía disentir. Nadie podrá decir, una vez que se apruebe esa ley, que Franco promulgó el Fuero del Trabajo que consagra nuestros actuales derechos laborales: descanso dominical, pagas extra, vacaciones pagadas,… Tampoco alabar la construcción de pantanos, hospitales o carreteras. Ni hablar del medio millón de viviendas sociales construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda. Y así con todo.

Ahora, quien se atreva a explicar la realidad de aquellos años será condenado. Y la ley va a ser promulgada porque el PSOE la propone y contará con el voto a favor de Podemos y Ciudadanos, que ya han anunciado que secundarán la propuesta socialista. Y el PP, ese partido que ha decidido hacer del complejo su norma de actuación, se abstendrá.

Algunos ya nos preparamos para ser víctimas del sistema de pensamiento único impuesto. Pero no pensamos dejar de enarbolar la bandera de la verdad histórica y, sobre todo, nos negamos a que la izquierda siga imponiendo su verdad que no es otra cosa que una gran mentira para adoctrinar desde el poder. Y lo más triste de todo es que supuestamente la izquierda no ostenta ese poder.