El juzgado da la razón al director del colegio Juan Pablo II. “La ley contra la homofobia es similar al fanatismo terrorista”- es libertad de expresión

El Director de un colegio concertado de Alcorcón, el Juan Pablo II  criticó el dogmatismo de la ley contra la homofobia en una carta a sus alumnos.

Algún inquisidor del LGTBI le denunció en septiembre de 2016, a pesar de que sus críticas se realizaban dentro de la relación estrictamente privada entre el colegio y los alumnos, en un centro de ideario católico

En su carta, el director calificaba de “despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones”, en referencia a las sanciones recogidas en la ley, llegando a afirmar que “el parecido -de la ley- con el fanatismo terrorista es inquietante”, y tildando de “barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre”.

La Consejería de Educación abrió un expediente informativo, y lo comunicó a la fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de delito.

La Fiscalía consideró que sus comentarios no eran ofensivos, ni se habían realizado de manera ultrajante o  vejatoria, y que debían ser contemplados dentro del más elemental derecho a poder manifestarse libremente realizando una crítica contra la ley que había realizado la Comunidad de Madrid, derecho a la libertad de expresión recogido expresamente por nuestra Constitución.

Tampoco la Consejería de Educación, tras una “pertinente y meticulosa inspección”, encontró “irregularidad alguna en el centro”, pero a pesar de ello, la Comunidad de Madrid, gobernada por los lilas del Partido Popular acabó cerrando el expediente en diciembre de 2016 con una sanción de 1.000 euros al ser considerada una infracción leve, según la comunidad de Madrid, el director no debía usar “expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad”.

El director del centro ha hecho valer su legítimo derecho y el Juzgado Contencioso Administrativo nº 10 de Madrid, ha estimado el recurso, obligando a la Comunidad de Madrid a devolverle los 1000 Euros con los que había extorsionado a este docente, en su afán recaudador. Deberá también pagar los intereses correspondientes a esta cantidad.

Los hechos son una mera crítica a la Ley 3/2016 y ampara el derecho fundamental a expresar o difundir libremente pensamientos ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito.

El juez sostiene en su resolución que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, “la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación”. Contra la sentencia no cabe recurso y hace innecesaria la cuestión de inconstitucionalidad que también había sido expuesta en los fundamentos del escrito de demanda presentada.

El director del Colegio Juan Pablo II entendió que no podía dejarse arrollar por la apisonadora del lobby LGTBI, y defendió sus derechos gracias al apoyo de la Fundación “Educatio Servanda” que decidió hacerse cargo de las costas judiciales, y llegar hasta el último extremo.

Vendrán tiempos de mayor persecución contra los que no somos sumisos al pensamiento único de las leyes de la homofobia, pero de momento este trance se ha superado con nota.