El informe de la Fiscalía rechaza de plano la recusación de cuatro magistrados

La recusación se había planteado por la defensa de Jorge Turull, José Rull y Jorge Sánchez, contra los magistrados Manuel Marchena, José Ramón Soriano, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta. La Fiscalía dice que no a la recusación que se había formulado por un supuesto “fraude procesal” cometido por los magistrados, en realidad estaba claro que eran situaciones normales que pretendían criminalizarse, por una parte por autovictimismo, por otra parte para intentar en caso de que la recusación prosperase, que el asunto por el que está siendo investigada toda la cúpula mafiosa del independentismo catalán, tuviese mejor suerte con la elección de magistrado.

La Justicia a cata y a prueba como los melones.

Ese mismo argumento es el que se utilizó para la recusación del magistrado, Pablo Llarena,  por la defensa de Carme Forcadell el pasado 6 de julio.

Los magistrados Marchena, presidente de la Sala Segunda, y los magistrados Martínez Arrieta y Antonio del Moral, integrantes de la Sala de Admisión y Enjuiciamiento resolvieron dar traslado del escrito de recusación al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que se pronuncien en el plazo de tres días y, transcurrido dicho plazo, dar conocimiento de las alegaciones a los magistrados afectados por la recusación. A esta recusación por supuesto fraude procesal se va a unir la presentada por Romeva y el osito Junqueras. El absurdo de la recusación en este asunto es porque consideran que una vez que habían participado los magistrados en la reunión en la que se admitió a trámite el procedimiento, podrían haberse contaminado para llevar la instrucción.  Sin embargo los fiscales concluyen, como no podría ser de otro modo en buena lógica, que en primer lugar las “sospechas de parcialidad parten de una premisa absolutamente inasumible y objetivamente inocua -el dictado de una resolución preliminar a la instrucción y de carácter meramente formal, cuya única virtualidad, lejos de cualquier prejuicio anticipado de culpabilidad, es la apertura de la investigación para la depuración de los hechos- por lo que en consecuencia no están ni legítimamente, ni objetivamente, justificadas”; dicen en segundo lugar, que “la causa de recusación se fundamenta únicamente en apreciaciones o impresiones subjetivas y personales de los acusados sin sustento probatorio alguno, quienes pretenden por este artificioso cauce alterar la composición del Tribunal legalmente constituido y conseguir un Tribunal a la carta para este proceso penal, con el propósito de retrasar la celebración del juicio oral, lo que supondría –en caso de ser tramitada- una flagrante vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley y del derecho a un proceso sin dilaciones que consagra el art. 24.2 de la Constitución Española”

Obviamente lo que decíamos nosotros en el párrafo anterior, son las defensas las que quieren acogerse mediante un fraude de ley a una interpretación torticera del derecho para quitarse del medio a profesionales de la Justicia que no parecen tragar con sus argumentos pueriles de delirios separatistas.

Los asuntos de trámite, y de ordenación del proceso se llevarán por la «Sala de Vacaciones» a fin de que no se demore el proceso, y en septiembre a la vuelta de las vacaciones de los magistrados, salvo que se diese el improbable caso de que fuesen apartados (cuestión que tampoco se resolverá con tanta rapidez), volverían los autos a manos de los titulares de la instrucción.

La recusación ha de ser resuelta por la llamada «Sala del 61» y no parece que vaya a ser cuestión de dos días. Veremos que nuevas argucias legales y excepciones dilatorias son utilizadas por las defensas antes de la Vista Oral, con toda la intención de que mientras Pedro Sánchez se baje los pantalones ante los requiebros de Torras, que ya le ha desabrochado el cinturón.