También se cita como investigada a Mari Pau Martí, jefa del servicio de asesoramiento jurídico de la dirección general de la Policía.
Está investigada, por lo tanto, toda la dirección de los Mossos d’Esquadra, porque se sospecha, y no sin razón que la decisión fue conjunta y colegiada, como parece desprenderse de una reunión de dicha prefectura del 13 de Octubre. Trapero ha avisado a sus subordinados que declaren con muchísimo cuidado porque se está construyendo el delito de sedicción, y con 10 ejemplos tendrían suficiente.
El acta recoge una intervención de Trapero que según el juez es determinante: «El propio major afirma que los mandos aquí presentes somos los motores y tenemos una gran responsabilidad… Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer».
El juez se inhibió en su momento para que fuera la Audiencia Nacional quien los incorporara a la causa ya abierta contra el mayor, José Luis Trapero, pero Carmen Lamela lo rechazó, por lo que el juez de Cornellà recurrió al Tribunal Supremo, que finalmente ha adjudicado la competencia al de Cornellá.
Los siete miembros de la prefectura del equipo de Trapero están citados el 12 y 13 de diciembre en el juzgado de instrucción 3 de Cornellà de Llobregat.
Parece que por fín se va haciendo la luz.