Dudar de la Comisión de la Verdad comportará cárcel e inhabilitación

Ya adelantamos que la Comisión de la Verdad propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de las últimas cosas que persigue es, precisamente, la verdad. La CV es un instrumento intermedio para proceder al desarrollo de leyes mordaza que obliguen al acatamiento de axiomas irreales sin ningún espacio para la disidencia.

La justificación para la sanción a todo aquel que ose dudar de las conclusiones de la CV es que, el adoctrinamiento que por todos los medios y de todas las maneras posibles y de forma paternal ha procurado el poder político durante estos últimos 40 años de dictadura democrática ha sido desoído por algunos individuos, impermeables a «reconocer» que se vive mejor ahora que en tiempos del dictador. Ante esta falta de «aplicación democrática» no cabe otra que la sanción, con penas que van desde los 4 años de cárcel y 15 de inhabilitación para autoridades o cargos públicos (lo que asegura el rodillo en parlamentos porque nadie querrá perder la bicoca por defender posición contraria a la del Big Brother) y de 4 años a periodistas y responsables de medios de comunicación que promuevan o defiendan cualquier cosa no recogida por la CV (en este caso estamos nosotros).

Con el anuncio, y sin querer, se nos pone cara de «lo avisamos». La democracia absolutista que padecemos desde 1978 tenía, forzosamente, que concluir en liberticidio de las ideas, ruptura de la unidad nacional y corrupción de la convivencia pacífica entre españoles. Eran problemas ya identificados y resueltos en la época que ahora se intenta sustituir. Una mala Constitución hizo posible que las larvas de termita que se comían España en el 36 engordasen a la sombra de partidos, sindicatos y asociaciones. Hoy necesitan presentarse ante el mundo como los luchadores de la libertad pero, como los caracoles, solo consiguen dejar a su paso las babas de su resentimiento.