De nuevo, Mendizábal

Con una jerarquía de la Iglesia que no es la que era, incapaz de defender lo que es sagrado pero muy propensa a defender lo mundano, que la figura del desamortizador Juan Álvarez Mendizábal vuelva a planear sobre las pretensiones del Ejecutivo no es de extrañar.

La última jugada, después de atacado el Valle de los Caídos, es la Catedral de Córdoba. En un informe de un grupo de expertos, entre los que se encuentra el ínclito Federico Mayor Zaragoza, de subsecretario con Franco a paladín del acercamiento de presos etarras con el PSOE, todo un ejemplo de lo que es una vida sin bajar del coche oficial y del arte de cambiar de chaqueta según interese en cada momento, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se asegura que la Mezquita de Córdoba nunca ha pertenecido a la Iglesia y se aportan algunas ideas para que la catedral sea arrebatada a la Iglesia Católica y  vuelva a tener un uso islámico (suponemos).

Insistimos en que la figura de la desamortización es la que mejor nos cuadra para poder proceder a expulsar -primero- y robar -después- el patrimonio de los católicos, custodiado por su jerarquía, para mayor honra de Dios y mejor servicio y provecho a los hombres.

Creemos que los curas bien formados de España deberían empezar ya a arremangarse la sotana porque lo que está por venir va a ser de traca.

La mezquita de Córdoba nunca fue propiedad de la Iglesia, pese a que esta la registrase hace ya doce años. Es la conclusión de un informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, defiende que el templo “nunca” fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en 2006.

Según el informe, presentado este sábado en el Ayuntamiento, el análisis histórico realizado por la comisión “demuestra” que la Iglesia “no tiene, ni puede tener título de propiedad alguno” sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba “inmatriculó a su nombre la ‘Santa Iglesia Catedral'” en el 2006.

Además, el informe considera “injusta” la situación actual y “lesiva para los intereses de la ciudadanía” y propone una serie de actuaciones para “solucionar el conflicto planteado” tras la inmatriculación. Entre ellas, se plantea como “más apropiado” “recabar los apoyos parlamentarios necesarios” para llevar a cabo un “recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, con el objetivo de “anular” la inscripción de la “Santa Iglesia Catedral”.

El informe considera “injusta” la situación actual y “lesiva para los intereses de la ciudadanía”

En caso de no prosperar esta vía, el informe sugiere que el Ayuntamiento de Córdoba “podría hacer uso de los tribunales ordinarios” en un procedimiento “más complejo”, ya que la institucional municipal “no debe reclamar la propiedad del bien”.

El informe ha sido elaborado por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juany Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.

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