Conducir a 70. Su fracaso es nuestro castigo

Desde hace unos días el ayuntamiento podemita de Madrid ha vuelto a imponer el límite de la circulación de vehículos en la circunvalación de la capital y en las carreteras de acceso a 70 kilómetros por hora. Además, desde el viernes por la noche no se puede hacer uso de las zonas de aparcamiento regulado –en esas que por aparcar en la calle te cobran dos euros la hora-.

Los habitantes de Madrid son castigados, pero ¿por qué?

Es muy sencillo, cada vez que la administración pública fracasa, las consecuencias las pagamos los ciudadanos. El Ayuntamiento es incapaz de tomar medidas para frenar la contaminación. Ni fomenta el vehículo eléctrico, ni mejora los transportes públicos, ni crea aparcamientos disuasorios, ni arregla los accesos para evitar congestión de tráfico… Su fracaso supone nuestro castigo.

Pero esto no es nada nuevo. Hay problemas –en algunos casos dramas- mucho más preocupantes en los que la administración pública, en este caso la nacional, nos castiga por el fracaso del que solamente ellos son responsables. Y no, no me llamen liberal ustedes todavía.

Cuando la natalidad está casi en mínimos históricos, en lugar de dar ayudas para recuperar lo que es el futuro de nuestra sociedad, se frena y se fomenta el aborto –interrupción voluntaria del embarazo le llaman para quitarle el matiz criminal-. Y se dedican ingentes partidas del presupuesto –más de 500 millones de euros en 2016 entre todas las administraciones- para asesinar a niños en el vientre de su madre. Eso también es obligar a circular a 70 km/h.

Pero sigamos. La unidad de España está en peligro. Lleva así desde que se crearon las autonomías disgregadoras. España se deshacía mientras que las regiones se fortalecían chupando la esencia de nuestra identidad y “deslocalizando”, como si fueran multinacionales en el tercer mundo, el sentimiento de unidad patrio. Y cuando llevan décadas sin actuar y la amenaza se convierte en una realidad y los traidores en Cataluña declaran la independencia, decretan el 155 y luego pisan el freno. Habrá unas elecciones que no cambiarán nada y en la que los candidatos serán los mismos que provocaron la situación. Y en lugar de acelerar en la consecución de la unidad de España, pisan freno, nos ponen otra vez a 70 y dejan que sean los separatistas los que conduzcan a 120 las responsabilidades de Educación, Seguridad o Sanidad.

Y lo mismo ocurre con la familia. Fruto del ataque continuado para romperla. La nueva imposición antropológica es lo que tiene. España fue grande porque las familias eran su sostén. Hasta estaban representadas en las Cortes por un tercio de sus miembros. Pero llegó la democracia y empezaron los ataques a la institución básica de nuestra sociedad. Primero el divorcio, luego el divorcio express, después consideramos matrimonio a uniones temporales de hecho y, finalmente, el Tribunal Constitucional decidió que había que interpretar en sentido amplio la Constitución –aquí sí- y aceptar el matrimonio gay con los mismos derechos que el formado por un hombre y una mujer. Y nuestra sociedad se hizo moderna –algunos pensamos que manipulable- y la estabilidad familiar también se puso a circular a 70.

Pero los españoles todavía podemos soportar más, según la clase política. En los años sesenta y setenta se demostró que España podía funcionar con una administración pública única que garantizaba la seguridad, la educación o la sanidad a los casi cuarenta millones de Españoles que habitaban nuestra Patria. Se pagaban impuestos según lo que se consumía, salvo las empresas que sostenían la Seguridad Social y la principal carga impositiva. Había poco menos de un millón de funcionarios y se mantenía el Estado sin problema. Circulábamos a 120, y nos cuadruplicaron la administración pública sin necesidad. Eso había que pagarlo. Entonces extendieron el Impuesto de la Renta y nos saquearon el bolsillo. Obligaron a que los dos cónyuges trabajaran y los hijos –cuantos menos mejor para no complicarnos la vida- se dejaban en guarderías y al cuidado de desconocidos. En el mejor de los casos con los abuelos. Y nos volvieron a poner a circular a 70.

Son solamente algunos ejemplos de que su fracaso es nuestro castigo. De que a quienes gobiernan –desde el pueblo más pequeño al Gobierno de España- les da igual cómo lo pasen los españoles. Si ellos se equivocan, lo pagamos nosotros. Si ellos roban, lo pagamos nosotros. El esfuerzo de dos generaciones de españoles que sacaron a la Patria de la miseria y la colocaron en la situación más digna que hemos conocido en los últimos doscientos años, ha sido borrado, y además ya es delito hablar de ello. Algunos preferimos resistirnos.

Fuimos un país que salió de una guerra circulando en carreta a 10 kilómetros por hora, cuarenta años de esfuerzo nos convirtió en la novena economía del mundo y nos permitió circular, primero a 90 gracias al Seat 600 y después a 120 con el Seat 131. Después nos metieron en la UE y entramos en la globalización. Ahora nos obligan a circular a 70 para que Alemania no tenga límite de velocidad en sus carreteras. ¿Es eso lo que queremos?