ADN etarra

Al menos uno de los más de trescientos asesinatos sin resolver que pesan sobre la banda terrorista ETA (con este saldo todavía hay alguno que se atreve a decir que la banda terrorista ha sido derrotada por la democracia) puede encontrar solución en los próximos días. La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinado por ETA en 1980, a reabrir la investigación archivada en 1983 sin identificar a los tres pistoleros que acabaron con su vida, al considerar que el «avance» en «las identificaciones de ADN» puede dar hoy resultados entonces inimaginables.

La viuda de Ustarán, Rosario Muela -natural de Sevilla, ciudad a la que volvió junto a sus cuatro hijos desde Vitoria tras el crimen- no ha parado en estos casi 38 años transcurridos desde el asesinato de su marido de intentar que la Justicia al menos haga todo lo posible por averiguar quiénes lo hicieron.
Ante las historias reales de las víctimas de ETA el relato edulcorado de políticos y periodistas, interesados en blanquear los crímenes de los carniceros etarras, suenan tan creíbles como las fabulosas gestas de los gudaris vascos (nadie ha oído hablar nunca de ninguna). Y en esa leyenda mitológica que nos vienen contando desde hace 40 años se oculta la paradoja del atrevimiento con que el sistema ha legitimado a los cabecillas etarras. Con un único crimen en su haber, el Estado de derecho hubiese tenido que inhabilitar de por vida para la vida pública a cualquiera que no condenase el asesinato de forma clara y explícita. No ya eso, sino todo lo contrario, es lo que ha venido haciendo nuestro sistema al permitir el acceso a las instituciones a toda la morralla etarra.