Montoro rebaja el tonito ante Llarena: Ya no afirma nada; ahora, no le consta que se utilizasen fondos públicos para el 1-O

Tiene uno que ser de cera par que no se le alegre la pajarita al ver cómo el ministro de Hacienda traga saliva ante la acometida del juez Llarena. Agacha las orejitas el ministro ante una metedura de pata que, sí no fuese porque en el PP se carece de todo asomo de vergüenza, ya le tendría que haber costado el puesto. Pero esto es España. Si Montoro admitía que el procés se había financiado con dinero público, el Gobierno se convertía en culpable del golpe de Estado y lo trincaba en auto-golpe de Estado. Si, por el contrario se negaba la participación, se negabaN los informes de Interior afirmando lo contrario. Como fuese, mal. Pero hoy Montoro ya no ha sido tan categórico.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha respondido al juez que instruye el caso del “procés” en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que no le consta que las “urnas de los chinos para el 1 de octubre” y la manutención del expresidente catalán Carles Puigdemont fuera de España se sufragaran con fondos públicos.
Además, ha asegurado en su respuesta enviada hace casi quince días a la providencia dictada en abril por el juez Llarena que “cuando se han detectado indicios de delito”, su departamento lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de la del Tribunal de Cuentas.

El juez le pidió que le explicara “a la mayor brevedad posible” sus declaraciones en una entrevista en El Mundo, en las que decía que no se había utilizado dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En su contestación, Montoro indica que Hacienda remitió a la Fiscalía General del Estado cuatro escritos con presuntas irregularidades y otros tantos a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

“Máxima colaboración y cooperación”
Reitera, eso sí, unas afirmaciones suyas en la citada entrevista, en concreto cuando dijo que no se habían pagado con dinero público, “a expensas de lo que resulte de la investigación penal”, ni las urnas utilizadas en la votación del 1-O ni la manutención del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.

Según su criterio, los mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial llevada a cabo de aquellas “acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos”.

La labor del Ministerio de Hacienda en relación con la actuación de los tribunales de Justicia, recalca, “ha sido, es y será siempre la de la máxima colaboración y cooperación, prestando el auxilio que, en su caso, se precise para el esclarecimiento de los hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de delito, ya sea de malversación como de cualquier otro”.

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