Registro de la sede de Diplocat en busca de los 120.000 euros malversados en observadores internacionales

Agentes de la Guardia Civil registraban ayer jueves la sede de Diplocat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Un registro que duraba más de cinco horas para investivgar los preparativos del referéndum del 1-O en el marco de una operación sobre los pagos a observadores internacionales de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum.

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de esos observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los “estándares internacionales”.

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